Diana T’ika Flores Rojas
Este 19 de enero, 14 perros fueron envenenados en el malecón del lago Titicaca. Un centenar de voluntarios/as y vecinos/as indignados/as se movilizaron reclamando por sus vidas. Los lloraron, enterraron y colocaron cruces que nos recordarán a todas y todos los puneños que, como sociedad, no asumimos nuestra responsabilidad.
Lamentablemente, estamos acostumbrados a ver perros y gatos en nuestras calles. A algunos les preocupa que les puedan morder y otros aprovechan este miedo para generar noticias amarillistas que, en lugar de investigar, motivan respuestas ineficientes y nada éticas. Pero también a muchos/as nos preocupa el hambre que pasan, que puedan ser atropellados o sufrir otros perjuicios; nos preocupa hacer algo para que la situación cambie. Lo cierto es que cada vez está más claro que no es bueno para nadie (incluyendo para los animales, desde luego) que su población crezca y que como sociedad no seamos capaces de evitarlo.
Cuando hablamos de sobrepoblación de perros y gatos nos referimos a la enorme cantidad de estos animales que transitan en las calles sin supervisión. Ya sea porque originalmente fueron abandonados, extraviados y/o se reprodujeron en la calle; o porque viven en situación de semi abandono por una práctica de “crianza en calle”, que algunas familias mantienen [1]. Esta situación no solo no es buena, sino que constituye un problema público y por ende tiene una responsabilidad colectiva. Necesitamos, pues, una estrategia integral, sostenible, eficiente y coherente.
Por un lado, la sobrepoblación es un problema de salud pública. La alta densidad poblacional es un riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y personas (zoonosis: parásitos o rabia). Sin embargo, estas son solo una de las partes visibles del problema de fondo: la cultura de violencia a los animales y la sobrepoblación de perros y gatos. El propio Ministerio de Salud (Minsa) ha identificado como una de las causas del riesgo epidemiológico para rabia humana en el Perú a las insuficientes acciones de los gobiernos locales en el control de la población canina. Y, más bien, una población de animales esterilizados constituye un factor positivo, junto a medidas de convivencia responsable, para el control de dicho virus.
Asimismo, la sobrepoblación de perros y gatos es un problema de educación ambiental, porque no es nada positivo que estemos demasiado “acostumbrados” a ver el sufrimiento animal como algo normal ni a mantener formas de crianza de perros y gatos que perjudican el ambiente, a las personas y a otros animales. La gente (aunque cada vez menos) no se escandaliza porque alguien les cuenta que sus animales solo ingresan a dormir en los techos, o que regularmente tienen que adquirir uno nuevo en la Feria sabatina porque el anterior fue envenenado o algo similar. Se perpetúa, en ese sentido, una cultura de desatención a los animales domésticos que se basa en no reconocerlos como parte del hábitat urbano y de buscar formas más saludables de convivencia con ellos. Al respecto, no es insulso que la Política Nacional de Educación Ambiental señale que uno de sus fundamentos es el respeto y protección a toda forma de vida.
Entonces, estamos hablando de un problema público, que permite, agrava y legitima la violencia contra los animales de compañía. Los animales se vuelven, de hecho, en un “objeto contenedor de violencia social” (Del Pomar, 2018). Estas prácticas, sin embargo, en nuestro país ya están penadas a través de la Ley 30407, que en su Artículo 1 los reconoce como seres sensibles y además dispone que “merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su ambiente”. Esto, sin embargo, no se cumple. Cuando los perros están en la calle consumen alimentos en descomposición, adquieren enfermedades, son atropellados y hasta fallecen sin ningún tipo de atención médica. Además, al no estar castrados participan de peleas de control territorial y se reproducen bajo condiciones paupérrimas. Esto, a su vez, genera una relación tensa con las personas, que los envenenan, agreden, alejan de sus casas con métodos violentos y que abandonan/eliminan a las crías sin mayor consecuencia legal.
Conocer esta problemática desde sus distintas aristas nos puede llevar a afrontarla de mejor manera. No solo se trata de tener estrategias de vacunación contra la rabia, ni de una retórica amigable con los animales, ni de lamentarnos por su sufrimiento, sino de asumir que la complejidad del problema y su íntima relación con nuestras prácticas cotidianas, requiere de políticas públicas integrales, que vean en la sobrepoblación de perros y gatos el síntoma de las relaciones poco saludables que venimos manteniendo con ellos.
¿Cómo se afronta? En principio, asumiendo que es nuestra responsabilidad [2]. Que no es un problema privado de una familia que “trata mal a los animales”. Sabiendo que es una parte de la cultura ambiental y política, que lamentablemente las autoridades aún no abordan con la seriedad del caso.
En segundo lugar, y siguiendo con la idea anterior, que necesitamos de una política de convivencia saludable con los animales domésticos. Eso implica promover e implementar lo antes posible programas estatales de esterilización permanente, de calidad, masivos y de bajo costo y/o gratuitos a nivel nacional. La esterilización, que es la extirpación de las glándulas sexuales del animal mediante un procedimiento quirúrgico, se hace una sola vez y evita el celo, la ansiedad sexual y la reproducción, cortando la cadena de abandono y mejorando notablemente la actitud del animal. Su eficiencia como método de control poblacional sostenible en el tiempo, acompañado de medidas de educación ambiental por ejemplo, ha sido demostrada por numerosos estudios (Spehar y Wolf, 2018; Kisiel et al., 2018), incluyendo a países latinoamericanos como Argentina (Zumpano et al., 2011). Sacrificarlos, valga la aclaración, genera condiciones para la expansión de virus como la rabia canina y humana (Castillo-Neyra et al., 2016). Además, no es eficiente ni ético.
Por eso, creo necesario también apoyar iniciativas legislativas como la #Ley4PatasYa (N° 6144) que de aprobarse en el Congreso establecería la esterilización de perros y gatos como política de salud pública a través de programas permanentes. Esta es una iniciativa formulada por activistas de organizaciones de protección animal para dar un paso adelante frente a esta demanda. Un primer paso que desde luego será insuficiente pero necesario y urgente, pero que la Comisión Agraria del Congreso de la República todavía no tiene en agenda. Su presidente es Raúl Machaca, de Tacna.
No nos acostumbremos a la violencia. Podemos vivir en una mejor ciudad si es que aceptamos que los perros y gatos, desde el momento en que nuestra especie los domesticó, han pasado a ser parte de nuestros hábitats urbanos. Son nuestra responsabilidad, como personas y como ciudadanas/os que le exigimos a los gobiernos que garanticen un ambiente sano y sin violencia.
NOTAS:
[1] Chomel B, Chappuis G, Bullon F, Cardenas E, David de Beublain T, Maufrais MC, et al. (1987) Serological results of a dog vaccination compaign against rabies in Peru. Rev – Off Int Epizoot. Mar 1; 6(1): 97–113. Por su parte Del Pomar (2018), también reconoce esta situación al distinguir entre animales de compañía con dueño y sin dueño definido.
[2] Al respecto se puede revisar la tesis de Del Pomar (2018, xiv) que propone pasar de una idea de dominancia hacia una de responsabilidad ante los animales de compañía.
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