Ni el azote de la pandemia, ni el pedido de obras por parte de la población cayllomina logra que los enfrentamientos y trabas cesen al interior de la Municipalidad Provincial de Caylloma (MPC).
El presidente de la Comisión de Obras Públicas y regidor, Osías Ortiz Ibáñez, denunció una sospechosa premura y apetitos políticos en relación al reciente dictamen que plantea 45 días de suspensión para él y los regidores Paúl Cuadros Portugal y Julio Santander Gallegos.
Explicó que, en efecto, existe una investigación en contra de los tres concejales por propiciar una prórroga para que las municipalidades menores transfieran el cobro de impuestos prediales a la Municipalidad Distrital de Majes, pero esto se hizo a pedido de los centros poblados y la comuna distrital, existiendo sendos informes de Alcaldía, Asesoría y Administración Tributaria.
Dijo que resulta un tanto sospechoso que el informe del Órgano de Control Institucional (OCI), haya ingresado a la base de datos, dos días después que el entonces jefe de dicha oficina fuera cesado en 2019 y que este funcionario no haya tomado en cuenta los informes presentados para sustentar el pedido de reconsideración del cobro del autovalúo.
El concejal considera que el informe del exjefe de OCI es temerario e inconsistente y que será desestimado porque se concluye que debido a la ampliación, las personas no pagaron a la comuna distrital un monto aproximado de 700 mil soles, generando un perjuicio cuando lo cierto es que lo recaudado en aquel entonces ingresó a los centros poblados y ellos representan al Gobierno, por lo tanto, el dinero está allí, no se perdió.
Ortiz Ibáñez refirió que por la forma en que se investiga el caso y se dictamina al parecer existiría apetitos políticos del presidente de la Comisión Investigadora, el regidor Henry Huisa Calapuja
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