Arequipa. Mediante Decreto Supremo Nº 113-2021 PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros declaró en Estado de Emergencia 3 distritos de la provincia de Islay por peligro inminente ante contaminación hídrica.
Esto, debido que el río Tambo está siendo contaminado por el drenaje ácido proveniente de la operación minera Florencia Tucari de la empresa minera Aruntani SAC.
La decisión fue adoptada en Sesión de Consejo de Ministros realizada el día de ayer miércoles 9 de junio y hoy fue publicada en Normas Legales del Diario El Peruano. De esta manera, los distritos de Mejía, Mollendo e Islay se unen a los ya declarados en estado de emergencia en Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, según el Decreto Supremo N° 106-2021 PCM.
En los considerandos de la norma se precisa que la medida se adopta a solicitud del Gobierno Regional de Arequipa y al informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) que indica que “es necesario ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente”, así como de respuesta y rehabilitación en cuanto corresponda, y opina sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia presentada por el gobernador regional de Arequipa.
Agrega que existe un “muy alto riesgo” en la zona por la posible contaminación hídrica del río Tambo, lo cual podría afectar la vida y salud de las personas, la agricultura y la acuicultura, entre otros.
Refiere, además, que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Arequipa ha sido sobrepasada, por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional.
La norma dispone, asimismo, que el Gobierno Regional de Arequipa, y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, Defensa, Producción, Ambiente, y Energía y Minas; además de otras instituciones públicas y privadas involucradas, podrán ejecutar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
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