Saqui Totora, es el distrito de Sina, provincia de San Antonio de Putina, es una comunidad de unos 220 habitantes. el 21 noviembre de 2021, los comuneros echaron a la empresa minera vecina, Argos, que tiene una concesión del Estado para explorar oro en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, colindante con la comunidad.
Los comuneros tomaron las instalaciones amenazando con incendiarlas, 96 trabajadores de Argos abandonaron la concesión minera. Pese a ello, el campamento fue incendiado.
Según la versión de la comunidad, el conflicto se desató por incumplimientos de compromisos de la minera. Aunque en el fondo es una disputa de una empresa formal e informales por el oro.
La empresa minera Argos se instaló en la zona desde junio 2018, para hacer trabajos de exploración, previa autorización comunal. A cambio, la minera aceptó construir una posta médica, dotar de internet al pueblo, construir un local comunal, entre otras demandas. Existe un documento notarial al respecto que fue firmado por los comuneros Marcelino Mamani y Javier Hilasaca, presidente y secretario de Saqui Totora, respectivamente.
El 1 de diciembre de 2021, la fiscal de Sandia, Aydee Quiñones, constató en la zona el bloqueo de la carretera y la quema del campamento. Se buscó luego una solución en dos mesas de trabajo, los días 13 y 25 de enero, en Juliaca y Huancané, respectivamente. La comunidad y representantes de Argos no alcanzaron acuerdos.
El director regional de Energía y Minas, Dante Salas Ávila, fue tajante. “Lo que ellos quieren es el oro. No hay intención de solucionar. El interés es la concesión”, aseguró.
Por su parte, Obed Álvarez Quispe, responsable del departamento de Minería, aseguró que el afán de los dirigentes de la comunidad es no llegar a acuerdos concretos para tener más tiempo para explotar la mina.
En representación de la comunidad Saqui Totora, habló Jhonny Fritz Garces, asesor legal de los comuneros. Este insistió que la empresa no cumplió con sus compromisos. Alegó que hubo maltratos que obligaron a que los comuneros se rebelen a punto que ahora no quieren que vuelvan nunca más. Dejó entrever que para sus patrocinados, una opción, sería ser socios, por ser dueños del terreno superficial. Aunque la Constitución Política precisa que el Estado es dueño de los recursos naturales del subsuelo sin importar quien sea el posesionario del suelo.
Por su parte, el vocero oficial de la empresa minera Argos, Luis Enrique Aguado Muñoz, aseguró que sí se cumplió con los acuerdos y desarrollaron labores sociales. Indicó que la posta de salud no se edificó aún porque los beneficiarios no cumplieron con entregar el terreno para su edificación. Respecto al local comunal, hay un problema logístico. Los comuneros son proveedores. Éstos no cumplieron con venderles a tiempo a la mina los materiales de construcción. La obra está en proceso. Indicó que sí cumplieron con instalar internet y mejoraron caminos. Sobre la posibilidad que los lugareños sean socios, dijo que la propuesta también supone asumir compromisos, riesgos y responsabilidades. Finalmente precisó que están dispuestos al diálogo.
Vía: La República
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