Contraloría identificó un perjuicio económico por más de S/ 294 mil por incumplimientos en expedientes de obras en Vilquechico

Contraloría identificó un perjuicio económico de 294 mil 861.35 soles ocasionado por incumplimientos en la ejecución del servicio de consultoría para la reformulación del expediente técnico para el proyecto de mejoramiento de infraestructura de seis instituciones educativas en el distrito de Vilquechico, a cargo de la comuna distrital.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 011-2021-2-0460-SCE se determinó que el servicio de consultoría de reformulación de expediente técnico fue fraccionado en dos contrataciones menores a ocho UIT, no obstante que el objeto del servicio incluyó de forma integral a las seis instituciones educativas y que el monto de contratación total era 64 mil soles (se contrató el servicio a cada proveedor por 32 mil soles), pero correspondía realizarse dicha contratación a través de un procedimiento de selección (Adjudicación Simplificada). 

Además, la administración municipal dio conformidad a los expedientes técnicos reformulados, pese a que no se cumplió con los términos de referencia, y se acreditó también que los contenidos eran similares y en algunos ítems eran iguales al del expediente técnico inicial, por lo que no existían modificaciones relevantes.

Asimismo, se verificó que de los dos consultores contratados para la reformulación del expediente técnico, uno de ellos fue quién elaboró el expediente técnico inicial.

En ese mismo contexto, el informe de la Contraloría precisa que los expedientes técnicos reformulados incrementaron el presupuesto para la ejecución del proyecto, en el rubro de “Utilidad” por el monto de 230 mil 861.35 soles; lo que originó que durante la ejecución de las obras se realizará dicho pago, lo que generó mayores gastos. Ello debido a que con el contenido del expediente técnico inicial, la entidad pudo contratar y ejecutar las obras sin mayores inconvenientes.

Algo +

Los resultados fueron notificados al alcalde de Vilquechico a fin que deslinde las responsabilidades administrativas, y a la procuraduría de la Contraloría para el inicio de las acciones legales penales.