El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Puno, a cargo del magistrado Javier Arpasi Pacho, determinó la prolongación
de la prisión preventiva por 9 meses más a Agustín Luque Chayña (aún gobernador regional
de Puno) y Wilfredo Martínez Molina (exjefe de asesoria legal del Gobierno regional).
Ellos están siendo procesados por la presunta comisión del delito de colusión agravada en
contra del Estado peruano. Arpasi Pacho dijo que es idónea y necesaria la prolongación de la
medida restrictiva, por lo que declaró fundado el pedido de la Fiscalía por el plazo de 9
meses adicionales a los investigados.
Cabe mencionar que el plazo vencerá en mayo del 2023, con la recomendación de que el
representante del Ministerio Público ponga celeridad en el proceso de investigación del
delito de colusión agravada. En tanto, el empresario chino Chen Junkun también debería
estar en prisión, pero sigue prófugo.
La representante de la fiscalía a cargo de esta investigación, argumentó que en el proceso se
presentaron una serie de dificultades para concluir las pericias.
Acusó al aún gobernador de
obstruir la labor de la fiscalía, por no entregar el patrón de los equipos de cómputo y
celulares incautados, a pesar de los reiterados pedidos de esta instancia.
En tanto, en su breve participación, el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña,
expresó que no está obstruyendo las investigaciones que viene realizando la fiscalía.
“Desde el primer momento que tomamos conocimiento de esta investigación, nos hemos puesto a disposición de la justicia”, dijo la exautoridad regional.
Finalmente, el abogado de los investigados mencionó que apelarán la decisión del Juzgado
de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el
plazo correspondiente.
Durante la audiencia, un grupo de pobladores protestó en los exteriores de la Corte Superior.
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