La Contraloría continúa descubriendo más festines con el presupuesto de la empresa de generación eléctrica San Gabán, encontrando responsabilidad penal en personal que aún labora en la actualidad.
Dicha institución encontró pruebas de apropiación de fondos públicos por un monto de S/ 32,560 durante el año 2022, mediante una supuesta asignación por escolaridad que resultó ser ilegal.
El caso es bastante similar al ocurrido en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, donde mediante acuerdos colectivos los trabajadores accedieron a beneficios ilegales con la venia de los altos directivos.
En concreto, los beneficios otorgados por la suma indicada no correspondían a trabajadores que ocupaban puestos de dirección o desempeñaban cargos de confianza, como sí ocurrió en el caso de la empresa generadora.
A pesar de ello, ocho trabajadores de confianza solicitaron asignaciones por escolaridad y un total de 24 solicitaron vales por Navidad cuando no les correspondía, cada uno por la suma de S/ 1 mil 300.
Los principales responsables fueron señalados como Antonio Mamani Condori, quien era gerente de administración y finanzas; Héctor Mercado Cerruto, quien era jefe del departamento de gestión humana; y Ritmo Ramírez Valencia, especialista en gestión humana. Los dos últimos aún laboran en la empresa y, junto al primero de los mencionados, son posibles responsables de apropiación de fondos públicos, por lo cual tienen presunta responsabilidad penal, es decir, deberían ser investigados por la fiscalía
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