Alberto Fujimori es blanco de críticas por su solicitud dirigida al Congreso de la República para que le restituya su pensión como expresidente, además, de pedir combustible y asistentes pagados con el dinero de los peruanos.
A esto se suma lo dicho por la congresista fujimorista, Rosangela Barbarán, quien sostuvo que una vez le restituyan la pensión, el expresidente empezaría a pagar su deuda de S/ 57 millones con el descuento de la asignación.
Se debe recordar, sin embargo, que la deuda es producto de su reparación civil ordenada por el Poder Judicial y que hasta el momento, no ha sido honrada.
Ante tal pedido, entendidos en legislación recordaron el artículo 2 de la ley 26519 que indica que la pensión equivalente a un congresista en actividad no le corresponde a presidentes acusados constitucionalmente, salvo una sentencia judicial que los declare inocentes.
La norma fue dada por el Congreso Constituyente Democrático, el ente creado justamente por el fujimorismo en los años noventa.
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