Columnista: Walter Paz Quispe Santos
En la educación de nuestra región ser negligente es el lugar común, es decir se trata de uno de los padecimientos que constatamos en nuestras instituciones desde las pequeñas escuelas hasta nuestras instituciones rectoras. Asumir cargos de confianza sin conocimiento de la realidad educativa o sin el mínimo interés para proponer una solución transparente y oportuna. El o la negligente siempre asume actos de falsedad ideológica para justificar sus negligencias y casi siempre niega que comete estas indeseables omisiones en la gestión pública.
Estos días el gerente de desarrollo social Ricardo Delgado les dio la razón a los promotores del colegio Baldwin para que sigan funcionando y actuando como se les encontró de ilegales en la ciudad de Juliaca, sin autorización de funcionamiento en los niveles de inicial y primaria en su local del Jr.
Lambayeque, estafando de este modo a los niños y niñas de San Román con mentiras. Además la municipalidad a través de su unidad de inspección técnica de seguridad determinó que sus locales eran inhabitables porque ponían en riesgo la vida de cientos de escolares que estudiaban en esos improvisados ambientes. Fue sorprendente como el nivel inicial funcionaba en aulas prefabricadas de mala muerte. Por su parte la DREP y también INDECOPI encontró que los docentes que enseñaban en esa institución clandestina eran estudiantes de las universidades de la región sin título profesional. Es por eso que la fiscalía de prevención del delito de la provincia de San Román y de las demás entidades fiscalizadoras determinaron su cierre definitivo y el pago de una multa consistente en cincuenta UITs. Estos detalles que comento no fueron tomados en cuenta por el gerente de desarrollo social Delgado Ramos al momento de anular la resolución de cierre emitida por la DREP. Delgado Ramos, además señala para concluir su coartada contra nuestras leyes porque no había un debido proceso y que no había participado la UGEL en la verificación de estas irregularidades a través de una comisión conformada. La fiscalía encontró que la UGEL no tenía ni comisión, ni interés por supervisar instituciones privadas ilegales. Esta negligencia del director de la UGEL tampoco fue motivo para la instauración de un proceso administrativo. Debemos recordarle al despistado gerente de desarrollo social que la ley general de educación señala que la autorización para el funcionamiento y cierre de locales escolares es competencia exclusiva de las DREs y no de las UGELs. El lamentable hecho nos hace presumir que hubo coimas o arreglos detrás de estos escandalosos actos de corrupción.
No es menos importante señalar otro acto negligente cometido por el señor Miguel Ramos Rodríguez, quien salió a decir a través de un medio de comunicación que los coordinadores de las UGELs del PREVAED están evaluando los daños; a propósito, del sismo ocurrido en nuestra región con un epicentro en Azángaro que tuvo un 7.5 en la escala de Ritcher, el protegido funcionario por la administración de Aduviri simplemente mintió pues hasta el día de hoy que inician las labores escolares no hubo ningún tipo de constatación de los probables daños ocasionados por el sismo o las lluvias u otro tipo de desastres. Mentir o maquillar cifras o casi siempre hacerse de la vista gorda es una institución republicana que no nos permite avanzar. INDECI del gobierno regional ha informado que negligentemente este funcionario no ha enviado ningún informe sobre el estado físico de las aulas a las que concurren nuestros estudiantes ¿y la directora del sector?, bien gracias.
En la gestión de Walter Aduviri se notan dos tipos de funcionarios “Los intocables” y “Los vulnerables” y los negligentes siempre pertenecen al grupo de “Los intocables” por eso de sus actos deleznables. Así contribuyen a bajar la popularidad y subir la desaprobación del gobernante de turno. Aduviri tiene la palabra.
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