En Venezuela se libran distintas batallas, pero una crucial es por los derechos a la libertad de prensa y expresión. Como periodista y como directora de un medio independiente venezolano he vivido el progresivo deterioro de las condiciones para el trabajo de la prensa en mi país.
Luz Mely Reyes
En dos décadas, el chavismo ha desmantelado la industria de los medios privados. Esta política se ha intensificado con la llegada de Nicolás Maduro al poder: hace cinco años circulaban aproximadamente noventa medios impresos en todo el país, pero a finales del año pasado solo se imprimían menos de treinta periódicos. A esta campaña estatal por limitar la diversidad de medios, se suman los ataques violentos, las intimidaciones y hasta bloqueos a las páginas de internet de los periódicos digitales, un campo que ha florecido ante las limitaciones y llamados de censura de las redacciones tradicionales.
La historia del periodismo venezolano en tiempos del chavismo ha sido una de golpes y hostigamiento. El ejemplo más reciente es el del periodista Luis Carlos Díaz, quien fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia el lunes 11 de marzo. El gobierno intentó vincularlo con una presunta conspiración en torno al apagón que sumió a Venezuela en más de cien horas de oscuridad. En un nuevo ataque sin precedentes al periodismo, Díaz fue presentado en un tribunal e imputado por el presunto delito de instigación a delinquir. Lo dejan en libertad condicional con varias prohibiciones, entre ellas hablar de su caso, salir del país y participar en manifestaciones.
Pero también es una historia de lucha de los propios periodistas por mantener la ecuanimidad para contar lo que sucede en el país.
Si las noticias son, como se ha dicho, el primer borrador de la historia, el periodismo en Venezuela, uno de los pocos bastiones que quedan de la vida democrática del país, ha sido fundamental para escribir la primera historia del chavismo. El trabajo periodístico venezolano ha revelado la corrupción de funcionarios del gobierno, ha investigado violaciones a los derechos humanos y reporteado la escasez de alimentos y la negación de servicios médicos. También ha cubierto las historias de los millones de venezolanos que han tenido que salir del país.
Los medios que aún sobrevivimos hemos hecho esfuerzos para ofrecer algo básico, pero realmente revolucionario en una oscurana de censura y propaganda: información, investigación, análisis, contraste. En el gran apagón, y frente al silencio del gobierno, los medios y periodistas independientes mantuvieron informada a la población, documentaron los hechos y enviaron mensajes para preservar la calma.
Para los periodistas en Venezuela ha sido un desafío enorme no caer en la trampa de la polarización y cubrir los hechos sin adjetivos, sustentar nuestro trabajo en investigaciones rigurosas. Además de sortear la violencia, las intimidaciones, los llamados directos a la censura y la falta de transparencia gubernamental, cubrir de la manera más honesta la realidad venezolana es nuestro mayor reto y nuestra mayor obligación.
No tengo reparos en reconocer que, en estos veinte años, los medios y algunos periodistas hemos cometido errores. Algunos medios asumieron un rol más político que periodístico y optaron por difundir contenidos no verificados que señalaban al gobierno. Otros medios, para sobrevivir, se sometieron a la línea dictada desde el Palacio de Miraflores. En estos años he entendido que el chavismo instauró una lógica difícil de eludir como periodista: un sectarismo social en el que no se toleran las disidencias y menos cuando el reporteo no corresponde con el relato edulcorado del poder o las tesis partisanas de algunos sectores de la oposición. Cada vez se hace más difícil estar conscientes de los sesgos y ser imparciales. Pero no debemos renunciar a estos principios fundamentales del trabajo periodístico, que no podemos confundir con neutralidad.
Y es que también han sido más los aciertos de la prensa. Fue el trabajo de un grupo de periodistas de la extinta Cadena Capriles el que desmontó la versión oficial sobre el asesinato de un joven manifestante, Bassil Da Costa, el 12 de febrero de 2014. Ese equipo quedó desmantelado poco tiempo después. El portal web Armando.Info ha revelado casos de corrupción bolivariana con alcances internacionales, como la del negocio de la importación de alimentos desde México. Cuatro de sus miembros están en el exilio por esas investigaciones. En 2018, Efecto Cocuyo y la unidad de datos del diario El Tiempo de Colombia realizamos una investigación de las historias del éxodo sin precedentes de los venezolanos, otro tema que el gobierno de Maduro se ha empeñado en negar.
Para los periodistas, luchar contra una estructura de poder que ha ido limitando cada vez más salvajemente la libertad de expresión y nuestra seguridad es una tarea demandante y agotadora, que sigue exigiendo rigurosidad en medio del caos. Se trata, sin embargo, de una labor indispensable: el periodismo serio ha sido uno de los contrapesos históricos al poder en Venezuela. Y en esa cruzada necesitamos más que nunca del apoyo internacional.
Es hora de que la lucha por la libertad de expresión en Venezuela no sea solo un asunto de comunicados enérgicos. Aunque la visibilización en el extranjero de los casos de ataques a periodistas venezolanos y la denuncia ante organismos de protección han sido importantes para que los periodistas sigamos haciendo nuestro trabajo, a medida que aumenta la opresión contra la prensa y las libertades más básicas también deben escalar las acciones de presión al régimen de Nicolás Maduro para evitar que siga cruzando rayas contra el periodismo.
Hay periodistas como Nelson Bocaranda a quienes el gobierno les ha quitado su pasaporte venezolano, con lo que no pueden salir del país. En estos casos, los países de América Latina que se mantienen neutrales podrían ser naciones santuario: ofrecer garantías a quienes sean víctimas de estos ataques para recibirlos aunque no tengan un documento de identidad nacional.
Pero también sería de gran utilidad la creación de un organismo que se dedique a brindarnos asesoramiento legal: un grupo de abogados y defensores de la libertad de expresión podrían investigar qué leyes en el derecho internacional podrían ejercer presión real a un régimen hostil al oficio de contar la verdad. Los periodistas en Venezuela podríamos tener un fuero especial para hacer nuestro trabajo y podríamos tener una garantía para el respeto de nuestras labores, que en caso de ser violada permita acciones legales de carácter civil.
Estas protecciones no necesariamente detendrán los ataques del régimen contra los periodistas, pero sí podrían aumentar el costo político a quienes hoy se saben impunes en sus ataques a la libertad de expresión. El caso de Luis Carlos Díaz es solo la prueba más reciente de la necesidad de establecer estos mecanismos de carácter internacional y validez dentro del país. Solo así podemos proteger el valioso esfuerzo que hacen los periodistas todos los días en Venezuela.
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