Durante los últimos 23 años, en el Perú se han firmado 138 convenios de prestación de servicios celebrados entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y empresas extractivas, los cuales fueron suscritos entre 1995 y 2018.
Estos pactos son acogidos desde hace más de 20 años, pues existe un marco legal que faculta a la PNP a trabajar como agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de los proyectos extractivos, a cambio de una retribución económica.
Según el informe “Convenios entre la Policía Nacional y las Empresas Extractivas en el Perú”, de los 138 acuerdos firmados, 109 fueron suscritos antes de 2017, y 29 de estos se lograron entre 2017 y 2018; del total de convenios firmados, 29 se encontraban vigentes durante la elaboración del informe.
Los últimos tienen fecha de caducidad entre 2019 y 2022; sin embargo, 3 de ellos tienen vigencia indefinida, 14 podían renovarse de manera automática y 2 convenios no precisan su vigencia.
En 2018, Cori Puno S.A.C. y Aruntani S.A.C., ambas mineras auríferas ubicadas en la región Puno, han celebrado convenios con la PNP; no obstante, el mayor número de pactos se han firmado en Cajamarca (5), y entre Cusco, Apurímac y Arequipa (10). Hay 2 en la Amazonía.
CONVENIOS
El informe detalla que el 64.49% de los convenios no precisan con qué división de la PNP se realiza el contrato, el 25.36% no indica el número exacto de efectivos que se requiere y más de 50% especifica que la PNP recibirá un pago aparte del realizado a los efectivos policiales.
REMUNERACIÓN
El monto establecido por la prestación de los servicios policiales extraordinarios, es regulado por la Resolución Ministerial 552-2017-IN, que establece que la remuneración policial es de 15.35 soles por hora; sin embargo, de los 29 convenios firmados entre 2017 y 2018, en 27 de ellos se establece un pago de 10.54 soles por hora.
El pago a cada efectivo es depositado por la empresa extractora a la cuenta de la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP y posteriormente distribuido. De acuerdo al informe, la Policía recaudó 45 millones 538 mil 138.61 soles por estos conceptos, desde el 2010 y hasta agosto de 2018.
Cabe destacar que el contratante, además de la remuneración, retribuye a la PNP con construcciones menores, equipos de comunicación, vehículos, costos de mantenimiento, entre otros.
Para el Instituto de Defensa Legal (IDL), la firma de los convenios afecta la imparcialidad y la independencia de la PNP, pues favorece el desarrollo de las actividades extractivas, a pesar que estas pueden violar los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas ubicados en las zonas de influencia.
Asimismo, sostiene que los convenios para la prestación de servicios policiales extraordinarios son inconstitucionales e inconvencionales, ya que amenazan derechos humanos, así como la propia función policial.
De igual modo, refiere que la privatización de la función policial orientada a la protección de intereses corporativos, en vez de los de la colectividad, ha causado violaciones a los derechos humanos durante los últimos años en regiones como Cajamarca, Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa.
Finalmente, IDL revela que los convenios quiebran las obligaciones que deben asumir las empresas extractoras, muchas de ellas multinacionales.
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