Por Yamel Romero Peralta*
Una vez más estamos ante una reforma política, pero esta vez se plantea en una coyuntura muy delicada a consecuencia de la peor crisis de toda la historia nacional y nuestra vida republicana, marcada por el escándalo de corrupción Lava Jato que ya tiene por lo pronto a un expresidente prófugo, otro preso, otro por volver a la cárcel y uno suicida.
Este escándalo de corrupción generalizado en el Perú se hizo público como repercusión de las denuncias en Brasil, trayéndose abajo a los principales líderes políticos de todos los partidos y de las diversas tendencias ideológicas, arrastrando con ellos a todo el sistema, poniendo en peligro la propia estabilidad democrática y constitucional.
Ante ello, en el Perú se ha planteado esta reforma política, que por lo expresado por el gobierno del presidente Martín Vizcarra, debería ser el catalizador de las soluciones más sensatas y pragmáticas, que permitan calmar las frustraciones de la población y evitar el aprovechamiento de propuestas antisistema o radicalismos de extrema derecha e izquierda.
Sin embargo, si revisamos el documento alcanzado por la Comisión Tuesta, vemos solo maquillajes y propuestas sesgadas a intereses de algunos grupos como lo es, la rebaja en la cuota de firmas para inscripción de partidos, la extensión de la permanecía de movimientos regionales, la insistencia en la restauración del senado, financiamiento de los partidos políticos, la supervisión de los procesos de democracia interna por la Onpe, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de la vacancia presidencial por incapacidad moral, entre otros.
Pero no se plantea eliminar la obligatoriedad del voto o implementar el voto voluntario como es en Colombia, por ejemplo, donde nadie discute la legitimidad de sus procesos electorales, en contra de la justificación que le dan en el Perú para su obligatoriedad.
La principal razón por la cual todos estos últimos años la corrupción (propiciada por las grandes empresas constructoras como Odebrecht y el Club de la Construcción), han hecho arrodillar a la clase política, es por la efectividad que el dinero sucio en campaña electoral tiene sobre la ciudadanía.
Un electorado en su mayoría ignorante y manipulado por medios de comunicación sensacionalistas y encuestadoras que también actúan en función de ese dinero, con lo cual se cierra el círculo vicioso de empresarios mafiosos, políticos corruptos, medios de comunicación y encuestadoras cómplices, campañas millonarias, compra de consciencias para que gane el peor candidato, que luego retribuye el favor con obras sobrevaloradas a cambio de coimas a los empresarios mafiosos.
Con el voto voluntario, solo irían a las urnas ciudadanos a quienes les interesa o saben de política y emitirían un voto consciente, que no lo podrían manipular ni comprar fácilmente las campañas electorales millonarias de los medios de comunicación y encuestadoras pagadas o propiedad de estos empresarios mafiosos.
*Exalcalde de Arequipa
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