Yamel Romero Peralta*
En pleno problema, suscitado a raíz de la dación de la licencia de construcción al proyecto minero Tía María, a favor de la empresa Southern, nos surge la interrogante, si este entrampamiento para su ejecución y el enfrentamiento entre los que están a favor de la inversión millonaria y los que están en contra defendiendo una posible afectación de la actividad agropecuaria, encontramos varios aspectos a tener en cuenta.
Es cierto que la actividad minera ha generado múltiples problemas de contaminación ambiental, Cerro de Pasco es el caso más conocido, pero también esta la Minera Southern que tiene sus propios antecedentes en Ilo y la contaminación por humos en el propio valle de Tambo, con la triste recordación, de la lucha librada casi en solitario por el ingeniero Carlos Guillén, asesinado misteriosamente, años atrás.
Sin embargo, en la actualidad existe la tecnología en minería que puede garantizar un proceso de explotación de contaminación medioambiental controlado, pero por supuesto esto genera costos adicionales, que en la mayoría de casos estas mineras prefieren ahorrar ante la pasividad de los organismos encargados del control de los mismos.
Más allá de la corrupción generalizada en nuestro país que facilita la evasión de la implementación de estas medidas de control medioambiental por parte de las empresas mineras, entidades del gobierno, dirigentes populares que primero alzan su voz en defensa del medio ambiente y luego se venden a los interesados por ‘lentejas’, tenemos al otro lado a agricultores y pobladores que sienten una auténtica desconfianza frente a esta inversión minera y los riesgos que esta conlleva.
En este marco tenemos algunos mecanismos como la gobernanza, que honesta y técnicamente implementados pueden permitir un manejo adecuado de la relación gubernamental que debe existir entre el Estado y la forma de interacción de las administraciones públicas con el mercado y las organizaciones privadas o de la denominada sociedad civil.
Y quién debería implementar este mecanismo de gobernanza, en este caso específico del valle de Tambo enfrentado con la mina Tía María, debe ser el Municipio Provincial de Islay, porque el municipio tiene mayor legitimidad frente a otras administraciones públicas por estar investido, además por ser la organización social que precede al propio Estado y del derecho consuetudinario que esta implica.
Como antecedente de la implementación de un mecanismo de gobernanza en temas de minería, fue la Asamblea del Pueblo de Arequipa, creada por ordenanza municipal el año 2005 para tratar entre otros el enfrentamiento con la Minera Cerro Verde, con lo que se consiguió sentar en la mesa de negociación hasta la firma del convenio del 2 de agosto de 2006, que pese a traiciones de autoridades en los años posteriores, hasta hoy Arequipa mantiene una relación pacífica y cordial con esta minera, arrancándole aportes económicos importantes para obras como La Tomilla II, Planta La Enlozada, intercambios viales, etc.
Quedando pendiente la firma de un Convenio Marco para el monitoreo de la mitigación de la contaminación que esta mina genera y que los efectos en la salud de los arequipeños, ya no se pueden ocultar.
*Exalcalde de Arequipa
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