Por Erika Romero Díaz
Informe. En Arequipa, 514 personas que incurrieron en presuntas inconductas administrativas se han librado del proceso administrativo sancionador (PAS) seguido por la Contraloría General de la República (CGR). La sentencia de 2019 del Tribunal Constitucional (TC) impide que el órgano de control sancione y procese administrativamente a los servidores estatales que incurrieron en inconducta funcional.
El gerente regional de la CGR de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán Paredes explicó que ahora son las comisiones de procesos administrativos de las instituciones públicas, a las que pertenecen esos servidores, las que se encargarán de revisar si cabe sancionarlos.
El funcionario explicó, durante una conferencia de prensa en la que dio cuenta de la labor desplegada en el año 2020 y como afrontarían el proceso de vacunación contra la covid-19, que aproximadamente 15 mil servidores públicos no se someterán al PAS de la Contraloría.
RANKING 2019-2020
A Niño de Guzmán Paredes le consultamos por el universo de trabajadores estatales que habrían incurrido en irregularidades administrativas. En 2019, detectaron responsabilidad administrativa disciplinaria en 227 personas de esas solo 26 fueron sancionadas por la entidad estatal en la cual cometieron las faltas. Se desconoce si las 201 restantes fueron, a la fecha, sancionadas o quedaron libres de responsabilidad.
Según el reporte de la CGR, la institución con más presuntos responsables de irregularidades administrativas es la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) con 41, le sigue el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) con 40; 16 personas que habrían cometido irregularidades se detectaron en la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) y otros 10 en la sede regional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
Los procesados administrativamente son: 9 servidores de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, 10 que prestaban servicio en la Municipalidad de Islay, 2 en las comunas de Yanahuara, Nicolás de Piérola y en Caylloma, y finalmente 1 en la oficina regional de la Sunarp. (ver cuadro 1).
En 2020, los sindicados de cometer presuntas irregularidades no disminuyeron, todo lo contrario, se determinó responsabilidad en 287 servidores. La lista negra la encabeza el GRA, en el reporte entregado por Niño de Guzmán se lee que fueron 49 los responsables; en la MPA fueron 34 las personas que incurrieron en irregularidades. (ver cuadro 2).
De ese universo de 287 trabajadores solo se sancionó a 19 que cometieron irregularidades en las municipalidades distritales de Cayma (6), Cerro Colorado (5), Sedapar (5), Seal (2) y uno en la Municipalidad Provincial de Caylloma. Se desconoce si, actualmente, los 268 restantes fueron sancionados y cuál fue el castigo impuesto.
“Respecto al período comprendido entre el mes de enero al 22 de febrero de 2021, se le comunica que esta Gerencia Regional de Control, no posee la información que solicita en los términos expresados, al no contar con registros al respecto; por lo que, no es posible la atención debido a la inexistencia de lo requerido, señaló el gerente regional de la CGR de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán Paredes.
PROYECTO DE LEY
El gerente regional de la CGR de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán Paredes recordó que presentaron al Congreso de la República un proyecto de ley para que el órgano de control recupere la facultad sancionadora que hasta donde nos informó está en la Comisión de Fiscalización pero no hay avance.
También te puede interesar: Arequipa | Contraloría encuentra que la Grea no reguló el trabajo a distancia o presencial
La Contraloría General exhortó al Congreso de la República a priorizar el debate de las iniciativas legislativas presentadas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Entre ellas destaca el proyecto de ley para recuperar su facultad sancionadora, así como la ampliación del control concurrente a las principales contrataciones de bienes, servicios y obras a nivel nacional.
La restauración de la potestad sancionadora es una prioridad para disminuir los altos niveles de impunidad por delitos de corrupción e inconducta funcional que cotidianamente percibe la ciudadanía.
Comentario sobre post