Arequipa. Pareciera que una bomba cayó y dejó en escombros las viviendas en el sector 4 de Villa Magisterial, en Cerro Colorado, donde el pasado lunes más de 127 familias fueron desalojadas de terrenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Tres días después, el panorama es desolador. Las calaminas dobladas, paredes de ladrillos, de sillares y bloquetas derrumbadas, fierros retorcidos y despojos reinan en este lugar.
“No tengo a dónde ir. Me duele ver así mi casita”, dice Antonia Condorimay Soto (40), sosteniendo una taza con avena que los vecinos compartieron ayer en una olla común. Antonia se fue la semana pasada a Chumbivilcas (Cusco) dejando el lote que ocupaba, pero al volver, solo halló un morro de escombros.
“Mi mamá estaba mal y tuve que ir de urgencia, el lunes me llamaron que estaban desalojando y me vine como pude. Solo unos vecinos salvaron alguito de mis cosas. Estoy sin nada. Me presté dinero para construir y no puedo trabajar porque me operaron”, relata entre lágrimas.
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El lunes por la mañana, la Procuraduría de la comuna provincial ejecutó el lanzamiento de dichos lotes que ocupaban, recuperando 15 mil metros cuadrados de áreas de propiedad del Estado. La acción se efectuó en coordinación con la policía y apoyo de dos maquinarias pesadas que destruyeron las construcciones.
Pese a que la comuna los retiró de la zona, estas familias decidieron quedarse en alrededores. Pernoctan en viviendas aledañas de algunos vecinos, quienes les prestan un espacio para que puedan pernoctar.
“Ahí están mis sueños, mis ilusiones”, dice Ana (26), señalando los escombros de lo que fue su lote. Se hizo un préstamo de 10 mil soles para construir, pero todo fue estropeado.
El procurador de la MPA, Mario Farfán Carrillo, detalló que la zona era ocupada por los hijos y familiares de los socios de Villa Magisterial. Las ocupaciones serían recientes, durante la pandemia, siendo alentadas por un grupo de dirigentes. Incluso existen denuncias en la Fiscalía por presunta estafa agravada en contra de los dirigentes, por cobros por los lotes.
Sin embargo, lo que desean las familias es que la comuna las reciba y les brinde una solución. “Tenemos hijos. Yo tengo dos hijos, no soy traficante. Necesito una casa”, dijo Pilar (33).
Este miércoles la situación sigue en tensión. Un grupo de policías vigila que las familias desalojadas no vuelvan a ocupar las posesiones, mientras que los afectados sostienen que se sienten hostigados y que ni siquiera pueden colocar un toldo para su olla común sin que los policías les reclamen.
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