Los Andes

La historia no tiene por qué repetirse. En 1657, los hermanos Gaspar y José Salcedo descubrieron y explotaron las minas de plata de Laykakota. A ellos se les atribuye la fundación de Puno, con el nombre de San Luis de Alba, además del descontento entre sus 10 mil habitantes y el recrudecimiento de la rivalidad entre andaluces y vascongados, hasta que el virrey Conde de Lemus, aplicó la sentencia de dar muerte a uno de ellos y confiscar sus respectivos bienes.

Tres siglos y medio después, se escuchan sentencias como “por la tierra nos podemos pelear, pero por el agua nos podemos matar�; y también posiciones a favor del diálogo, la concertación ciudadana y alianzas público - privadas para encontrar respuestas a todo aquello que amenaza el equilibrio y el uso racional que la naturaleza provee.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y las empresas mineras de cambiar el sistema de pago de regalías para que en adelante sea sobre las utilidades operativas y no sobre las ventas, constituye paso positivo. Se espera que las firmas privadas asuman mayores tasas a las actuales para así aumentar la capacidad financiera del Estado y cumplir con los programas de lucha contra la pobreza, que afecta a 10 de los 30 millones de habitantes del Perú. Una referencia es Chile, donde las grandes mineras, desde el año pasado, aceptaron un alza del 4 al 9% del margen operativo.

Pero la minería tiene también otros problemas muy serios. La radio Pachamama del altiplano, fundada por el periodista y doctor en derecho constitucional, Mauricio Rodríguez, trasmite voces del descontento popular, porque la gigantesca explotación informal del oro al pie de los glaciares de Ananea, en La Rinconada y Cerro Lunar, en la provincia de San Antonio de Putina, contamina el Ramis, rio que desemboca en el ya contaminado Titicaca.

Esa dramática informalidad aurífera involucra a más de 100 mil trabajadores. Y se suma otros problemas regionales, como el contrabando por la frontera de Bolivia, especialmente de ropa china que agudiza la crisis de alpaqueros y tejedores de prendas de vestir. Las universidades locales ofrecen ilusiones laborales. La corrupción en la administración del Estado empieza por los registros públicos. La violencia callejera y la reducción del turismo, son complejas realidades que se ocultan, sobre todo en Juliaca y Puno, a través de un intenso comercio, alta captación de dinero por el sistema bancario, venta de autos y un mar de motataxis. Persiste una sensación de abundancia, de riqueza fugaz y a la vez una creciente miseria, a pocas cuadras de los centros urbanos. En este oscuro escenario, resulta difícil destacar las potencialidades de la economía regional, de aquella minería que cumple con la legislación ambiental, el canon minero y otros fondos sociales que el Estado no recibía antes.

Según información oficial, en el distrito de Ocurivi, en la provincia de Lampa, y el estaño de San Rafael, en Antauta, entre Melgar y Carabaya existe un referente de minería responsable, que cumple con el pago del canon y otros fondos sociales. Además, es evidente la necesidad de una mayor integración de los municipios para que esos fondos mineros estén articulados a un desarrollo sostenible.

Definitivamente, hay algunas concesiones que seguramente estarán reflexionando qué hacer, porque la regulación que se anuncia será profunda para proteger el medio ambiente. La Autoridad del Agua, junto con su nueva legislación, deberá disponer de recursos suficientes para ejercitar una labor eficiente.

En Puno, efectivamente, hay muchos residuos ambientales por empresas mineras. Pero la reacción popular reciente fue en contra de una concesión minera que autorizó el gobierno (aprista) a una empresa en una zona de frontera con Bolivia y que las ciudades aledañas tenían conflictos entre ellas por el canon minero.

Han derogado el DS 083, pero “no se puede derogar el compromiso asumido por el Estado, que es un derecho adquirido. Supongo habrá un conflicto entre la empresa y el Estado peruano�, asegura el presidente del Gobierno Regional.

Los pueblos que se han revelado, de alguna manera, han protestado y han tenido la oportunidad de dialogar y se ha rescatado la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 15 se incluye la Consulta Previa. Este paso es otro logro importantísimo. Es bueno que el Estado no disponga las concesiones mineras unilateralmente, sino en consulta con los pueblos interesados y de esa manera poder evitar el saqueo o la explotación minera donde hay comunidades que viven en el olvido.

En cambio, la minería informal de Puno compromete a más 100 mil trabajadores informales. Se trata de actuar, cumpliendo los procedimientos legales para llegar a un proceso de explotación y pago de los impuestos. En Ananea se mueven dos toneladas de oro por mes. (La onza troy de oro supera los 1600 dólares). En la Ananea hay gente que se enriquece, mientras la minería informal se fortalece, utilizando maquinaria de gran tonelaje para la excavación ilegal.

Es verdad que el Estado ha transferido algunas competencias al Gobierno Regional pero sin los recursos financieros. Entonces no está en condiciones para poder controlar esa actividad ilegal. La Autoridad Nacional del Agua, con sede en Ayaviri, anuncia la presencia del ejército para colaborar en el programa de formalización.

La propuesta más saludable, según diversos estudios, pasa por la conformación de cooperativas o empresas. Lo importante es que deben cambiar de tecnología. Con tecnologías obsoletas, a través del mercurio, solo se puede rescatar el oro en un 50% y el otro 50% se va en el agua y a la tierra.

¿Controlar el comercio del mercurio no sería una primera medida?, se pregunta más de un ciudadano, pero es vox populi que el negocio, está en manos de algunos familiares con presencia en el Congreso.

Además, el combustible que ingresa a los campos mineros de La Rinconada, pasa en decenas de camiones cisternas, sin registro alguno, para mover las máquinas excavadoras, mientras los funcionarios de OSINERGMIN callan sus voces.

La cuenca del Ramis está contaminada. Hay pasivos ambientales bastante fuertes, sobre todo en el agua que es turbia y porta minerales pesados. El Estado tiene responsabilidad frente a las comunidades que están alrededor y que son productores campesinos.

Se sabe que los distritos dentro de la cuenca del Ramis van a ser resarcidos en los procesos de remediación y el Estado ha decidido invertir recursos sobre todo para la descontaminación, y tomar medidas drásticas para suspender la minería en la zona de Ananea.

Ananea será cerrada. Algunas cooperativas realmente establecidas van a continuar. La Dirección Regional de Minería, el Consejo de Seguridad Ciudadana, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y todas las organizaciones vinculadas comparten esta propuesta. Pero hay grandes mineros informales que prefieren evadir impuestos, y están perjudicando a la población.

Esta gran minería informal también ha apoyado la movilización contra la empresa canadiense (Santa Ana) sancionada. La Autoridad Autónoma Binacional del Lago acaba de ser reactivada. Se necesita la colaboración de los municipios en el reciclaje de los desechos y el tratamiento de los residuos sólidos. Organizaciones civiles como Ciudad Saludable están dispuestas a apoyar esta cruzada, así como lo han hecho en otras ciudades de América Latina y la India.

Queda claro que la contaminación del Titicaca no es solo de la minería sino de la basura urbana y de los agricultores y ganaderos que vierten a las aguas del Ramis los insecticidas y otros líquidos altamente tóxicos que han sido utilizados para proteger sus cultivos y animales. Cuidar el Lago Sagrado es una cruzada de Ayamaras, Quechuas y todo los ciudadanos de buena voluntad que visitan esta gran fuente continental de agua dulce.