Los Andes

La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Puno, logró materializar la detención preliminar de 7 implicados en la presunta usurpación del fundo “Mi Perú� y el sector “Quiviani�; terrenos ubicados en el Kilómetro 7 de la carretera interoceánica, al Oeste de la ciudad de Puno.

Entre los detenidos figuran los ciudadanos Dina Margoth Vilca Peñaloza, Nicanor Flores Gómez y César Manuel Cama Tovar, quienes liderarían la presunta organización criminal que desde el mes de agosto del año 2014, vendrían ejecutando una serie de actos violentos para posesionar terrenos que aún se encuentran en un proceso judicial para definir su propiedad, la misma que también es detentada por el Instituto José Antonio Encinas de Puno.

Los efectivos del orden también lograron detener a Yony Gilber Villanueva Charaña, Rogelio Quiñones Acero, Hugo Walter Calisaya Chura y Arthur Ortíz Vilca, requeridos por la justicia para que sean conducidos y puestos a disposición de la justicia.

Todos los detenidos han sido acusados de la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en su forma de usurpación agravada, en agravio de la comunidad campesina “Mi Perú�,

Como se recordará la primera quincena de agosto del año 2014, más de 1 mil pobladores ocuparon estos terrenos bajo el argumento de haberlos comprado del ciudadano Nicanor Flores Gómez.

Sin embargo la propiedad de este predio se encuentra en un litigio judicial pendiente de resolverse. Por este motivo la Fiscalía dispuso en su momento que los terrenos sean desocupados, hasta que se determine judicialmente la propiedad; sin embargo esta determinación no fue acatada por los denunciados, quienes continuaron realizando actos de posesión.

El Ministerio Público, informa a la población los procesos penales que se conocen en sede fiscal referidos a los delitos de Usurpación, se sujetan a las modificaciones establecidas por la Ley Nº 30076, que ha reformado los artículos 202 y 204 del Código Penal vigente, estableciendo nuevas penas para el delito de usurpación, con esta normativa los responsables de invasiones de terrenos podrían ser privados de su libertad hasta por 8 años.