Friday 26.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1992 días)
El congresista Richard Arce (Frente Amplio) planteó esta noche tres medidas concretas para resolver los conflictos sociales mineros en el país: transparentar toda la información entre las partes involucradas -comunidades campesinas, empresa privada y Estado- impulsar la aprobación de una ley de ordenamiento territorial y que los acuerdos logrados en las mesas de diálogo tengan un refrendo estatal.
Fue durante el foro público organizado por su despacho titulado: "El proyecto Trapiche y sus impactos en Antabamba y Apurímac: información balance y perspectivas" al cual asistieron el asesor jurídico de la comunidad campesina de Mollebamba, Alberto Paniura Soria; el gerente de la empresa minera Molle Verde SAC Raúl Benavides y Roberto Huamaní, alcalde distrital de Juan Espinoza Medrano.
Por razones de agenda no asistió al certamen -que se realizó en el auditorio "Alberto Andrade Carmona" del edificio Juan Santos Atahualpa- el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, según dio cuenta el congresista Arce.
El legislador -quien es representante de Apurímac- se comprometió a impulsar en el actual quinquenio parlamentario la dación de una ley de Ordenamiento Territorial y no pudo ocultar su sorpresa que en el período legislativo 2011-2016 no se haya aprobado ninguna norma legal sobre este particular a pesar que se presentaron cinco propuestas legislativas con esa misma finalidad.
Dijo que si el Perú cuenta con un plan de Ordenamiento Territorial se sabría qué zonas del país se puede explotar por las potencialidades que encierra y cuáles deben ser consideradas como "zonas intangibles". Ello, según dijo, evitaría que se produzcan conflictos sociales con saldos mortales porque habría una participación activa de la propia población. "No queremos más muertes en el país", remarcó.
Y propuso que debe ser rol del Congreso garantizar que la Policía Nacional del Perú cumpla con su rol constitucional de custodiar el orden público y no que sirve a intereses de empresas particulares, en este caso mineras, vía la suscripción de convenios.
Arce cerró su intervención planteando que los acuerdos que se logren en las denominadas mesas de diálogo que existen a nivel nacional tengan un refrendo estatal, "porque en todo espacio de diálogo deben intervenir la comunidad, la empresa y el Estado. No se puede arribar a acuerdos con dos de los tres actores fundamentales en todo proceso de diálogo", remarcó.
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