Los Andes

Las últimas informaciones periodísticas dan cuenta que la situación en Madre de Dios se va complicando por una paralización decretada por los mineros de esa región.

Como se recuerda, el pasado 18 de febrero se inició un operativo sin precedentes en Madre de Dios, encabezado por las fuerzas armadas y policiales, con el objetivo de destruir alrededor de veinte dragas que operan en los ríos Inambari y Madre de Dios y que forman parte del proceso de extracción de oro que se desarrolla en esa región. El operativo se desarrolló al amparo del Decreto de Urgencia 012-2010 que declaró el año pasado de interés nacional ordenar la actividad minera informal y declarar una zona de “exclusión minera aurífera� en esa región.

Luego de la destrucción de las dragas se había previsto iniciar un proceso de recuperación progresiva de la calidad de las aguas. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), dependencia del Ministerio de Agricultura ha dictado una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de este recurso en los ríos de Madre de Dios. Los impactos en ríos y en general en la biodiversidad de esa región son de magnitud como consecuencia de la actividad de la minería informal en la zona. Una resolución jefatural emitida resolvió no otorgar autorizaciones, ni ejecutar obras, instalar equipos o cualquier otro tipo de actividad destinada a propiciar la minería informal en la zona.

José Luis Quequejana Condori, representante de la Federación Minera de Madre de Dios, ha señalado que la voladura de dragas ha sido indiscriminada, sin preguntar quiénes son formales y quiénes no. Los mineros reclaman la ejecución de políticas de Estado a favor de la formalización de sus actividades, como lo señala el “Plan Nacional para la Formalización del Minero Artesanal� que acordaron en una mesa de diálogo.

La intervención decretada por el gobierno ha sido respaldada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Voceros del gremio empresarial minero han declarado que esta actividad se desarrolla en 13 regiones del país y se calcula que genera más de US$ 900 millones de utilidades al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún canon para la región.

El presidente regional de Madre de Dios, José Luis Aguirre Pastor, ha hecho un llamado al Gobierno Central para que establezca partidas presupuestales destinadas al abordaje de esta problemática y ha pedido actuar de manera conjunta con las autoridades de la zona.

Lo cierto es que si se quiere abordar en serio esta problemática se debe proponer una intervención integral y sostenida que va más allá de decretos de urgencia. La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) es una realidad que se ha venido expandiendo en casi todo el país. Es urgente que se revise el marco legal de la MAPE para adaptarlo a las actuales circunstancias, tomando en cuenta aspectos sociales y ambientales.

En la misma línea es urgente fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales para fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal. A partir de la mejora de la capacidad de los gobiernos regionales se podrían implementar un conjunto de programas de control y fiscalización.

Se deben iniciar experiencias de protección de ecosistemas ya afectados con la participación de pobladores. Por ejemplo, es urgente la recuperación ambiental de las microcuencas de Huepetuhe y Caychive en Madre de Dios y que en estos procesos se incluyan programas de reforestación con especies nativas asociadas, el retiro de sedimentos de los ríos, entre otras medidas.

Estas y otras medidas podrían ser el inicio de un proceso de ordenamiento del crecimiento de la minería en sus diferentes estratos, con mecanismos de regulación que sean efectivos en lo ambiental y en lo social. Esperemos que sea así.