Los Andes

Luego de los parloteos, intervenciones e interdicciones del presente gobierno con respecto al control de la minería ilegal, hasta la fecha todo parece ser canto de un solo día, porque hasta el momento la minería ilícita, aquella que es nociva para el medio ambiente, continúa; es más, parece haberse multiplicado aprovechando el letargo de las autoridades administrativas del sector Energía y Minas, a tal punto de convertir las cuencas hidrográficas de la región en entes contaminantes con metales pesados y lodo. El mismo que opera con total impunidad aunque las propias autoridades locales y regionales tienen conocimiento sobre el modus operandi de estos inescrupulosos, que evaden en todos los sentidos al estado de derecho.

Los mineros informales en la región son una fuerza electoral importante, ellos saben el poder que tienen para decidir sobre sus objetivos y metas, ellos están dispuestos a seguir meciendo al estado de derecho imperante por la genuflexión que el poder delegado tiene, ya sea por los intereses oscuros de no querer resolver de una vez por todas este problema o porque usualmente están pensando en los réditos electorales postreros. Si es así, existe un doble discurso del estado peruano. En este aspecto la autoridad regional quedó tachada para el centralismo, y es que desde Lima se dictan todas las órdenes que deben cumplirse en las regiones, y en las regiones solo se actúa como mesas de partes y no como entes ejecutivos (con todas las facultades para operativizar planes y programas de formalización minera, que dicho sea de paso necesita una fuerte inversión de dinero que lamentablemente las regiones no cuentan) por lo que estas disposiciones centralistas no son ejecutables por las diferentes cualidades y realidades de las zonas tomadas por asalto por los mineros informales.

Entendiendo que el economista Hernando de Soto es un especialista en temas económicos, por ello el anuncio de que “el gobierno promueve la informalidad de mineros� genera un sismo en el entendimiento político. Podría interpretarse que Ollanta Humala se hace de la vista gorda contra la minería ilegal en el último año de su gobierno porque está pensando en las próximas elecciones generales, lo que también es un apetitoso menú para los demás grupos políticos, porque entre los propios mineros informales se tiene la idea de asegurar el mayor número de congresistas pro mineros (o enviados por los mineros para que defiendan sus intereses), además de tener ya en la lista de los precandidatos al ex congresista y ex viceministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, por ello este grupo de mineros ya empiezan a barajar a sus posibles representantes y estas personas podrán recibir jugosas bolsas de incentivos económicos para financiar sus campañas. Aún esta idea está claramente definida entre los mineros informales bolivianos que laboran en Moho.