Los Andes

Una deslucida paralización se produjo en la ciudad de Puno, donde unos cien comerciantes e infiltrados se movilizaron solicitando, increíblemente, un rechazo a un nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que nunca fuera modificado por la gestión edil encabezada por Iván Flores. Según el artículo 37 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece el contenido del TUPA y reconoce la necesidad positiva en las entidades públicas para establecer el contenido del TUPA; es necesario aprobar el formato que estandarice la determinación de los procedimientos administrativos y la información que corresponde a cada uno de ellos; este reajuste se establece de acuerdo a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), el mismo que se regula mediante el Decreto Supremo Nro 079- 2007-PCM.

Los despistados dirigentes calcularon mal su estrategia para desacreditar a la gestión municipal, porque existe el acuerdo de concejo Nº 051-2016-C/MPP, que en su artículo primero ratifica la vigencia del TUPA del año 2011, aprobado por la ordenanza municipal Nro. 301-2011-MPP/C.; pero nadie sabe o se entera sobre la verdadera razón de esta movilización de comerciantes. Creemos que los ciudadanos puneños no estamos de acuerdo al caos y desorden que algunos interesados dirigentes están acostumbrados a sembrar. Un claro ejemplo de erradicación de los comerciantes informales lo ejecutó el exalcalde de Lima, luego replicado en Arequipa por el exalcalde Cáceres, pero por apetitos personales e intereses medrosos o crematísticos, los dirigentes de los mercados se lograron juntar para esta paralización raleada y que no tuvo incidencia en la actividad laboral de las entidades públicas y privadas.

Se conoce que la principal motivación para la medida de fuerza encabezada por algunos dirigentes de mercados es porque la municipalidad estuvo tratando de reajustar la forma como se alquila los stands en los diferentes mercados (los precios que pagan los comerciantes al municipio por año es menor a cien soles) y que los dirigentes tienen en su poder hasta cinco puestos de venta y, para colmo de males, estos stands son alquilados a terceras personas a un costo promedio de trescientos soles mensuales, lo que significa un gran golpe para sus intereses mezquinos y usureros. Además lo que quieren estos comerciantes es el alquiler perpetuo de los stands e inclusive que estos stands de venta generen derecho sucesorio, para lo cual contrataron los servicios de un staff de abogados que, con argumentos ladinos y fuera de contexto, tratan de ampararse en el derecho al trabajo. Esperamos que el señor alcalde de Puno aclare sobre las pretensiones de los señores dirigentes de los mercados e informe lo que realmente sucede con este sector de emprendedores para corregir los errores y que la población sepa a ciencia cierta las motivaciones de paralizaciones fallidas e interesadas.