Los Andes

Ahora que la todopoderosa Bear Creek Mining ha reclamado de manera injusta e ilegal una indemnización por en contra del Estado Peruano, por la cancelación del proyecto minero Santa Ana en el año 2011, pidiendo una compensación de 1200 millones de dólares. Hay gente que ha expresado, me parece de manera impensada, que si sale la sentencia, la culpa es de Aduviri, incluso insinúan que el debería pagar.

Lo que hizo Aduviri fue levantar una justa protesta. La concesión de Huacullani fue ilegal, anticonstitucional. Pensaron que en ese pueblito escondido de Chucuito, “esos campesinos� no se iban a dar cuenta. García y el aprismo gobernante, y todos aquellos que tienen ese sentido neoliberal de la economía ven la manera de aprovecharse de los recursos minerales que nuestro Perú posee.

El decreto que regaló la veta argentífera de Huacullani a la raquetera Bear Creek, era por donde se mire, ilegal. Esto es irrefutable. La constitución lo decía. El artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido y que se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a Ley. El decreto de García y el aprismo era ilegal y anti constitucional. Que dicha concesión no se ajustaba a lo que dice la ley para el caso de extracción minera. La justificación de necesidad pública pasa por pasos previos, como la consulta previa, el cumplimiento de los estudios de Impacto ambiental. Nada de esto sucedió en Huacullani, se hizo bajo la mesa, entre gallos y medianoche.

Ahora, que a propósito, y esto es evidente, el Estado Peruano no haya actuado legalmente para defender su posición ante el CIADI, nos muestra la proclividad por la minería de muchos funcionarios del gobierno, que a no dudarlo reciben lo suyo. Si hay que pagarlo será culpa de nuestro estado inmoral.

Aduviri, por ningún lado que se mire, es responsable ni moral ni económicamente de ese robo frustrado por García y la raquetera Bear Creek.