Los Andes

El neoliberalismo criollo articulado, zombi y de piloto automático, presidido por Alan García, insiste porfiadamente en imponernos su catecismo gran burgués, depredador y antinacional, con el caso de la hidroeléctrica del Inambari en progresivo y escandaloso proceso de descorchamiento como consecuencia de informaciones oficiales, no oficiales y oficiosas que han comenzado a circular por diferentes medios de comunicación incluyendo el Internet.

Las enormes oquedades políticas abiertas por la protesta social, como es el caso de Bagua, Cusco, Andahuaylas y Moquegua, sólo por citar algunos casos, parecen no haber alterado en lo más mínimo la raída política del “perro del hortelano� que el oficialismo defiende en particular cruzada digna de la más esperpéntica antología. Por el contrario, en una convulsión de virilidad senil este oficialismo incompetente engruesa la voz, carraspea y levanta las cejas para, dizque, imponer el “orden y la inclusión� cortando el diálogo con los sectores sociales encrespados, persiguiendo a los dirigentes de la protesta social, despidiendo a algún viceministro e intentando aprobar una ley para la mordaza de la libertad de prensa.

El tema del “Proyecto Inambari� ha comenzado a levantar roncha, como consecuencia de múltiples y posibles derivaciones preocupantes que empiezan a asomar tras el lenguaje entrecortado y amañado a que nos tiene acostumbrados la burocracia insensible y formateada del Estado, a pesar de que se trata de un proyecto firmado entre el gobierno peruano y brasileño en el mes de junio del 2008. ¿Por qué recién, entonces, nos estamos informando de su dimensión, características y consecuencias? Aquí habría mucho que escudriñar y denunciar, tanto en la inconducta bárbara del gobierno central que siempre ha venido actuando bajo la lógica perversa de “hacer primero y luego informar�, con el propósito de colocarnos ante hechos consumados sin posibilidad de retorno; como, igualmente, habría que poner el ojo inquisidor en nuestros representantes congresales y de los gobiernos regionales que, según todos los indicios, habrían actuado con indolencia ante este problema de tan grandes repercusiones sociales y medioambientales.

El proyecto está siendo diseñado furtivamente, como se tiene conocimiento, por un consorcio brasileño compuesto por Electrobras, Furnas y OAS, quien ha conformado la denominada Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., a cargo del estudio de factibilidad en camino prácticamente de conclusión, sin que la ciudadanía y particularmente la población directamente agredida, haya sido informada y consultada suficientemente y con oportunidad sobre esta decisión, a pesar de que el Convenio 169 de la OIT, firmado por el Perú, dispone todo lo contrario.

Que la obra sería una de las más grandes de Sudamérica y la más grande del Perú, nadie lo duda; que estará en condiciones de producir 2.5. Gigawatts (GW) o 2,500 Megavatios (MW) de potencia instalada, no nos sorprende; que la inversión comprometida alcanza los $ 5 mil millones de dólares, qué bien, pero ¿a qué precio o costos sociales y medioambientales?. He ahí el problema, sobre el cual los neoliberales grandes y liliputienses de nuestro medio no dicen ni pío, que se hace más problema si percibimos que tamaña “hazaña� no responde a las necesidades y visión de desarrollo del Perú sino del Brasil, quien tiene urgencia por abastecer de energía eléctrica al Estado de Acre hacia donde fluirá el 80% de la energía eléctrica producida por el proyecto una vez en operación.

El nivel de coronación máximo de la hidroeléctrica sería de 546 m.s.n.m., de manera tal que todas las poblaciones que se hallen en el ámbito de la hidroeléctrica, ubicada a 300 km de la frontera con Brasil, entre las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco, cuya altitud sea menor a los 546 m.s.n.m., serán inundadas agresivamente perdiéndose más de 60 poblados, infraestructura vial, producción, flora y fauna nativa y todo lo que se encuentre en el camino de la inundación. Las aguas represadas por este proceso se expandirán formando un espejo acuático de hasta 410 km2 con una altura de 220 metros.

En lo concreto e inmediato, siendo así, hay tres cuestiones sobre las cuales quienes impulsan este proyecto no han facilitado información y explicaciones:

a) La modificación a que obliga el proyecto en el trazo original de la carretera interoceánica, especialmente en la tercera etapa del Tramo 4, que se vería severamente afectada por la inundación. ¿Cuánto dinero invertido allí se perdería y cuánto costaría el nuevo trazo?, ¿cuánto se retardaría la progresión en la construcción de la interoceánica?, y ¿quién asumiría estos nuevos costos?
b) El Parque Nacional de Baguaja Sonene, reserva natural de inmensa importancia no sólo para el Perú sino para el mundo, como lo ha denunciado el congresista Lezcano, se vería afectado en un 10% con la destrucción y pérdida de especies nativas muchas de las cuales no investigadas todavía.
c) La población de la zona de amortiguamiento, para empezar 1,000 familias ubicadas en ambas márgenes del río Inambari en la Provincia de Carabaya (Puno), tendría que seguir el triste calvario de la diáspora, sin futuro seguro aunque, seguramente, con muchas promesas como las tantas hechas por el gobierno central, jamás cumplidas. El más reciente caso de la hidroeléctrica San Gabán, con varias importantes promesas hacia la población afectada, incumplidas, conducen a una casi obligada actitud de desconfianza y suspicacia que ningún florilegio de los gobernantes podrá alterar fácilmente.
d) Los ecosistemas de la cuenca se afectarán irremediablemente, dando ocasión, como también se viene señalando, a la invasión de colonos en el área natural protegida.

¿Qué hacer? Hay varias cosas en el qué hacer que comprometen tanto a la sociedad civil como al gobierno subnacional, como las siguientes:

En materia de información, exigir que el gobierno central instale un portal sobre el tema de la hidroeléctrica, el proyecto y el estudio medioambiental, para conocimiento de cualquier ciudadano que desee información, antes de cualquier decisión que conduzca a la fase de inversión del mismo. De igual modo, urgen eventos de información y discusión organizados por el gobierno regional, los municipios y organizaciones de la sociedad civil como Colegio de Ingenieros, universidades y otras, que posibiliten maduración de conciencia sobre este problema.

En materia de decisiones políticas, el Gobierno Regional de Puno, saliendo de su autismo enervante y sus contradicciones atosigantes, debería tomar la iniciativa en varios campos: en el campo de las relaciones inter gobiernos regionales, buscar el establecimiento de una coordinadora permanente con los gobiernos Regionales de Cusco y Madre de Dios para proyectar y pragmatizar acciones conjuntas. En el campo de la ejecutoria política regional, la conformación oficial de una comisión técnica que, en un plazo determinado, ofrezca un informe que respalde varios acciones en el plano legal, como por ejemplo, la posibilidad de una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en el plano congresal y en el plano de la acción social directa.