Los Andes

Un tema que ha pasado prácticamente desapercibido en estos días electoreros ha sido el archivamiento del proyecto de Ley propuesto por el Ejecutivo que buscaba reformar el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Al respecto hay que señalar que existe un consenso económico en torno a la necesidad de la reforma del SPP en dirección de ampliar el sistema y de reducir las excesivas comisiones que hoy en día se cobran (son las más altas de la región). Para ambos temas la alternativa es clara: promover mayor competencia económica en dicho sector. No es casualidad que solo 4 AFP se repartan casi simétricamente todo el mercado. Se trata de un cártel económico cuyo objetivo central es reducir o eliminar cualquier vestigio de competencia. Tan claro como eso.

El proyecto aborda tres temas centrales. La centralización y regulación del registro de aportantes, como del cobro de los aportes; la licitación de las empresas de seguros de invalidez y de sobrevivencia -las que en muchos casos son propiedad de los mismos dueños de las AFP, lo cual permite elevar arbitrariamente la prima del seguro- y la aplicación de un mecanismo de licitación de los nuevos afiliados al sistema quiénes quedarían inscritos por tres años a la AFP que ofrezca las menores comisiones.

Con respecto a los dos primeros puntos de la propuesta que derivarían en un descenso de los costos y por ende reducción de las comisiones que cobran hoy las AFP (al menos teóricamente) no ha habido mayor reparo o duda. Para ser sinceros eran dos propuestas que se manejaban ya hace un buen tiempo y por lo tanto no significaban novedad alguna. Sin embargo, ha sido el tema de las licitaciones lo que ha llevado a la discusión y posterior archivamiento del proyecto. En ese sentido hay que puntualizar que el proyecto es “calco y copia� de la reforma aplicada en Chile, con la atingencia que en Chile el tiempo de suscripción de los afiliados a la AFP ganadora de la licitación es de dos y no de tres años.

Para el caso chileno se nombró a un equipo de técnicos especializados en el tema que luego de cien días de riguroso estudio presentaron la propuesta que no solo redujo las comisiones, sino que sobre todo permitió ampliar la cobertura del sistema. Una reforma integral del sistema. Por otro lado, para el caso peruano el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a inicios de mayo adelantó la elaboración del proyecto que estuvo listo en menos de un mes. Tiempo record. Proyecto de ley que buscaba aprobarse “entre empellones� con poca discusión y análisis y por si fuera poco en pleno proceso electoral. Es evidente que en circunstancias de una segunda vuelta tan polarizada y peleada como fue ésta, la atención pública estuviera focalizada en las encuestas y resultados electorales dejando poco espacio a la reflexión respecto a este crucial tema.

Además hay que recalcar que tanto el Sistema de Pensiones como la economía chilena son radicalmente disímiles al caso peruano. En Chile, no existe el Sistema Púbico de Pensiones (la ONP en el Perú) que es una diferencia más que sustancial al momento de proponer una reforma y sobre todo el nivel de informalidad de la economía peruana no es comparable a la chilena. Queda claro que son escenarios distintos. Todo economista medianamente serio conoce lo que es una “línea de base� que consiste en el conjunto de características o indicadores que en estricto deben ser contemplados al momento de llevar adelante determinado estudio o proyecto.

Es indudable y necesaria una reforma integral del SPP en el país, pero una verdadera reforma que sea aplicable para el caso peruano y sobretodo elaborada en conformidad a las condiciones iniciales (línea de base) de nuestro país. Para este cometido es necesario que sea ya el nuevo Gobierno el encargado de llevar adelante -lo antes posible, pero bien hecha- esta reforma, cuya permanente postergación termina por perjudicar a todos nosotros: los consumidores.

La práctica del “copiar� y “pegar� no es permitida ni en los colegios, ni en los trabajos de las universidades. Es momento que nuestra clase política empiece a darse cuenta que el Perú tiene sus propias condiciones histórico-sociales, más aun si se pretende implementar políticas que busquen el desarrollo económico del país. No se trata de un simple “copiar� y “pegar�.