Los Andes

El representante legal del consorcio BARCO EIRL, Rudy Niño de Guzmán Hinojosa, presentó una demanda por la cantidad de un millón, 418 mil 640 soles por daño emergente, ganancias dejadas de percibir y daño moral sobreviniente según su demanda, de la anulación injusta de un contrato para el encofrado y mejoramiento de la capacidad operativa del Archivo Regional de Puno.

Lo delicado del asunto es que si su pretensión legal queda satisfecha, la gestión entrante es la que tendrá que cargar con la responsabilidad económica del pago, por lo que el caso se presta a suspicacias políticas debido al apoyo de varios contratistas a los candidatos a la presidencia regional.

La demanda tiene su origen en la anulación de la buena pro por la cantidad mencionada para la contratación de bienes del encofrado de acero y madera para el proyecto, Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Archivo regional Puno realizado en marzo del año 2013, lo que para el demandante fue completamente injusto.

La razón de su demanda se funda en que el proceso por supuesta falsificación de documentos fue archivado y la declaración de “ No a lugar� de la sanción contra la empresa demandante. Sin embargo, según la posición del Procurador Público Regional, Rodolfo Chavez, la demanda es exagerada y “descabellada�.

El procurador dijo que reactivará el proceso contra la empresa, pues considera que fue indebidamente archivado y paralizado. Él ratifica que la empresa presentó un documento escaneado para ganar el contrato por lo cual había toda la intención de engañar al Gobierno Regional.