Los Andes

En adelante, la construcción de las plantas de tratamiento será un tema tratado entre el Gobierno Central y la empresa privada sin intervención alguna del Gobierno Regional o los gobiernos locales, quienes por lo mucho controlarán el agua, así lo confirmó el viceministro de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler.

En el mismo sentido, el gerente municipal, Ricardo �lvarez, informó que recientemente
el municipio hizo la transferencia del proyecto de construcción de la planta de tratamiento para la ciudad de Puno a Proinversión por intermedio del Ministerio de Vivienda y Construcción.

Con ello, ya en manos de Proinversión, las 10 plantas de tratamiento (Lampa, Juliaca, Azángaro, Ayaviri, Huancané, Moho, Ilave, Juli, Yunguyo y Puno), se gestionarán en forma conjunta de tal manera que un solo operador se encargue en simultáneo de llevar adelante los proyectos mediante la modalidad de Asociaciones Público – Privadas (APP).

Las Asociaciones Público – Privadas (APP), son una nueva modalidad de ejecución de obras públicas que el Estado peruano lo hace en alianza con empresas privadas, cuyas firmas aportarán su experiencia, conocimiento y equipo, pero financiado por el tesoro público.

La empresa Graña y Montero hasta ahora fue la única empresa que mostró interés en este proyecto. Se debe aclarar que existen conversaciones para realizar solamente los estudios previos pero no la ejecución, lo que está claro es que a pesar de tantos anuncios, nada está firmado, precisó Francisco Dumler.

Respecto a la planta de tratamiento de aguas servidas de Puno, cuyo estudio de factibilidad fue iniciada en la gestión de Luis Butron Castillo, con una inversión prevista de 152 millones 344 mil soles; el gerente municipal señaló que ésta quedará también en manos de Proinversión.

Según Ricardo Alvarez, la formulación final del proyecto se haría el año 2015, mientras que la construcción de las 10 plantas de tratamiento para poner fin a la contaminación en el Titicaca, se haría en un plazo de entre 26 a 30 meses, es decir, entre los años 2016 al 2018.

Una promesa a recordar es que el mismo viceministro dijo expresamente que la elaboración y la ejecución del proyecto no contempla el incremento de las tarifas de agua y que la ejecución del proyecto fue declarado como de interés nacional y por lo tanto es una prioridad para el gobierno.

La política del gobierno con respecto a la plantas de tratamiento desembaraza a los gobiernos de la región de la responsabilidad de sacar adelante los costosos proyectos valorizados en alrededor de 370 millones de soles (las 10 plantas de tratamiento), y podrán abocarse a resolver otros problemas .

Una aspecto que no se puede dejar de lado es que, al fracasar los intentos de privatización en varios sectores, el Estado ha optado por la modalidad APP para sacar adelante proyectos en salud, educación, saneamiento y otras áreas por lo que dichas asociaciones, deberán ser ampliamente discutidas y vigiladas por la opinión pública.