Los Andes

El proceso de formalización de la minería ilegal muestra un balance negativo. Según el informe No. 167 de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional se reportaron 75 mil 372 declaraciones de compromiso, solo 16 de las cuales alcanzaron (comprende a 631 mineros) la formalización; todos corresponden a la región Puno.

Eso significa que el Gobierno Regional de Puno, de alguna manera, ha avanzado con el proceso de formalización, a diferencia de otras regiones, que no han logrado ningún minero formalizado; no obstante ello, el resultado es incipiente.

“Uno de los problemas es que no contamos con suficiente presupuesto y personal especializado para avanzar con el proceso de formalización de la minería informal e ilegal�, mencionó Jesús Alvarez Quispe, director de Minas de la Dirección Regional de Energía y Minas Puno.

Otra de las limitaciones habría sido el retraso de la implementación de la Ventanilla Única, la falta de planificación para enfrentar el problema de la minería informal e ilegal, y que hubo una línea de base debido a que cada región tiene una particularidad.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo llegó a la conclusión de que ningún Gobierno Regional, así como sus respectivas direcciones regionales de Energía y Minas, destinó más del 1% de presupuesto en el 2014 para el cumplimiento del proceso de formalización.

Además, hubo insuficiente supervisión administrativa de la pequeña minería y minería artesanal, a cargo de la DREM, por lo que requiere ser fortalecida la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotar mayores recursos.