El Ministerio Público realiza un operativo de allanamiento de inmuebles y detención preliminar contra sospechosos de integrar una presunta organización criminal vinculada a personal de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, encargado de la fiscalización de los servicios de pesos y medidas vehiculares en las estaciones de pesaje de Cerro Azul y de Pasamayo.
Los investigados habrían cometido delito de concusión, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico y tráfico de influencias, al haber estado cobrando, presuntamente, a transportistas interprovinciales infractores del reglamento de transportes.
El operativo se realiza en Lima, Ica, Ayacucho, Lambayeque, Apurímac y Piura, está dirigido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cañete e incluye el allanamiento de cuatro estaciones de pesaje.
Por tratarse de una medida que abarca diferentes lugares del territorio nacional, además de los fiscales Nancy Mendoza Enrique y Jorge Quispe Bautista, Fiscales Provincial y Adjunto Provincial, respectivamente, de la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Cañete, también participan fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales de las Fiscalías Supra provinciales Especializadas Contra la Criminalidad Organizada y Corrupción de Funcionarios designados por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos Contra la Administración Pública.
Asimismo, de la Fiscalía Superior Coordinadora Penal, en conjunto con la Fiscalía Provincial Penal Provincial de Corrupción de Funcionarios de Cañete.
Modus operandi
Según las investigaciones fiscales, fiscalizadores del servicio de pesaje y medidas vehiculares de la SUTRAN, y personal policial que labora en las estaciones de pesaje de Cerro Azul (Cañete) y de Pasamayo (Ancón) habrían estado induciendo a conductores de camiones o empresarios dedicados al rubro de transporte de carga y mercancías a “arreglos económicos” a cambio de no imponerles sanciones a pesar de haber cometido infracciones en el reglamento de transporte y operar al margen de la ley.
Los inspectores de la SUTRAN habrían permitido el pase irregular de vehículos de transporte de carga y mercancías que no cuentan con las dimensiones y peso permitido por eje para continuar su recorrido por las vías terrestres nacionales, previo pago en efectivo o promesa de pago (transferencias) a cuentas afines a la presunta organización.
De acuerdo a la investigación fiscal, los pagos fluctuarían entre 100 a 150 soles, de acuerdo a la gravedad y concurrencia de infracciones.
Incluso, el presunto líder de la organización habría concertado con los empresarios de transporte y/o conductores independientes para la entrega de dinero mediante transferencias o en efectivo, en las mismas estaciones de pesaje de Cerro Azul y Pasamayo, de acuerdo al grado de confianza o riesgo de ser descubiertos.
Contra los sospechosos también existe autorización judicial para el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
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